Fiscal Giménez estaría actuando como principal aliado de organizaciones criminales que roban millones a la ANDE
Actuando como férreo defensor de las criptominerías ilegales que roban millones de guaraníes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el fiscal especializado en Hechos de Sustracción de Energía Eléctrica de Alto Paraná, Alcides Giménez Zorrilla, se negó en retiradas intervenciones a incautar las máquinas procesadoras y equipos utilizados por los operadores de esta actividad ilícita.
Este rubro criminal afecta gravemente el sistema energético de la región, además de las gigantescas pérdidas económicas y financieras para la empresa estatal. Uno de los casos ocurrió en el Km 24 de Minga Guazú, donde funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) efectuaron la intervención de un suministro con conexión directa en media tensión que alimentaba a más de 364 equipos procesadores de criptomonedas, que su vez generaba una pérdida mensual de G. 432.000.000 a la estatal.
La actuación del agente de la Unidad Penal N° 9 fue muy cuestionada, ya que dilató en demasía el procedimiento, inclusive exigiendo a los funcionarios y técnicos de la ANDE un “poder especial”, pedido totalmente fuera de contexto, al tratarse de un caso de acción penal pública, según indicaron asesores jurídicos de la estatal. También se encontraron transformadores de gran potencia, instalados irregularmente para perpetrar el robo de energía.
Los asesores legales de la ANDE, al plantear la denuncia y solicitar el allanamiento, peticionaron expresamente al fiscal Giménez Zorrilla la incautación de todos los equipos. Sin embargo, éste no accedió. Cuando se le consultó por qué no ordenó el decomiso total de las máquinas, señaló que los equipos “pertenecen al dueño y no hay motivos para decomisarlos todos”, ignorando así que precisamente esos equipos fueron los utilizados para el robo de energía y son elementos clave en la investigación.
Otro de los casos ocurrió en un establecimiento ubicado en la colonia La Fortuna de Hernandarias, cuya titular del contrato fue identificada como Karina Teresa Portal de Zou, con Número de Identificación de Suministro (NIS) 1.889.928, según los datos oficiales del procedimiento. El local fue intervenido por una conexión irregular en Media Tensión. La misma consistió en el Manipuleo del Conjunto de Medición Lado Primario, lo que resultó en una carga de aproximadamente 1.600 kVA.
Ante esta situación de irregularidad detectada, la ANDE procedió a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Sustracción de Energía Eléctrica. Los funcionarios interventores procedieron a verificar la actividad registrada y a retirar los equipos eléctricos, estructuras de medición y medidor. Se estimó un daño patrimonial de G. 732.880.518, derivado de los ilícitos descubiertos. Pese a la flagrancia, el fiscal Giménez Zorrilla nuevamente se habría negado a incautar las máquinas de criptominería.
Uno de los supuestos “protectores” del esquema de millonarios robos a la ANDE sería el mencionado representante del Ministerio Público, quien es el encargado de avanzar en las causas penales de esta índole. Las actuaciones del mismo son negligentes, ya que no existen imputados y no se se incautan las máquinas procesadoras usadas por los criptomineros. Esto genera fuertes indicios de que el trabajo del fiscal garantiza la impunidad para los responsables de las conexiones ilegales.
Es debido a esto, a que se ponen en tela de juicio las actuaciones de la Unidad Especializada en Sustracción de Energía Eléctrica de Alto Paraná, a cargo de Giménez Zorrilla, del por qué no se incautan las máquinas utilizadas para delinquir, ya que de no hacerlo el agente del Ministerio Público contribuye a la continuación de estas prácticas ilegales que afectan enormemente, tanto a la ANDE económicamente, como a la sociedad en general.
