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Imputan a una pareja por supuesta intoxicación de 57 personas en una boda realizada en San Alberto

Imputan a una pareja por supuesta intoxicación de 57 personas en una boda realizada en San Alberto

El agente fiscal Fernando Galeano inició un proceso penal contra Eduon Paulo Michels y Alzeni Martins Da Silva de Michels, por presuntamente haber preparado alimentos en mal estado que provocaron la intoxicación de 57 personas durante una boda celebrada el pasado 30 de diciembre de 2023. La imputación es por hechos punibles contra la seguridad de la persona frente a riesgos colectivos–artículo 208 comercialización de alimentos nocivos y otros.

Según la investigación fiscal, la pareja Michels ofreció sus servicios de catering en la boda de Arminda Martínez Ramírez y César Cordero Cáceres, celebrada en el salón «Viva Eventos» de la ciudad de San Alberto. De 140 invitados, alrededor de 57 sufrieron intoxicación tras consumir ensalada de papa con mayonesa, presentando vómitos, diarrea y fiebre, según resalta la imputación.

Las muestras de heces de cuatro pacientes aleatorios arrojaron positivo para Salmonella Newport spp., una bacteria que causa intoxicación alimentaria, conforme señala un dictamen médico al respecto. Además, se constató que los sindicados no cuentan con registro sanitario para la elaboración y venta de alimentos, según refiere informe del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).

El documento menciona: “al respecto cumplo en informar que no constan en los archivos institucionales registros sanitarios otorgados, trámites de solicitud de registro sanitario o de renovación, ni se ha realizado intervención/verificación relacionadas a las personas ut-supra mencionadas”.

Asimismo, testigos del evento confirmaron que solo quienes consumieron la ensalada de papa se enfermaron, mientras que otras personas que no la probaron no presentaron síntomas, añade el escrito presentado por el Ministerio Público.

Tras recopilar los diversos elementos de sospecha, el fiscal Galeano decidió la imputación de los responsables de los hechos señalados y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Asimismo, solicitó un plazo de cinco meses para concluir la etapa preparatoria de la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.