Corte Suprema sepulta recurso de Mbururú y confirma condena por instigar violencia indígena

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio un portazo definitivo al Virgilio Trinidad Castillo, el abogado servil que intentó liberar a Rafael Esquivel, alias Mbururú, mediante un recurso de casación tan pobre como las excusas de su defendido. Los ministros, en fallo unánime, declararon inadmisible el escrito por carecer de solidez jurídica y limitarse a un patético desacuerdo con la justicia ordinaria.

El caso expone la podredumbre de quienes instrumentalizan a comunidades indígenas para sus fines delictivos. Esquivel, condenado a 10 años de prisión, instigó a un grupo nativo a atacar una finca en Itakyry, donde se cometieron atrocidades: propietarios brutalmente agredidos, maquinarias incendiadas, animales sacrificados y objetos de valor robados. Una orgía de violencia que la justicia de Alto Paraná, con los jueces Herminio Montiel, Marino Méndez y Zunilda Martínez, supo atribuirle como cerebro principal.

La ministra María Carolina Llanes, en voto preopinante, desnudó la miseria del recurso: «No se puede extraer correlación lógica entre agravio, motivo y fundamentos». Sus colegas Luis María Benítez Riera y Manuel Dejesús Ramírez Candia se adhirieron, cerrando cualquier esperanza de impunidad para este instigador.

El fallo ratifica que la justicia paraguaya, pese a sus grietas, aún puede dar golpes certeros contra la delincuencia organizada. Esquivel se une a otras 12 personas condenadas en este proceso, cuyas penas oscilan entre 2 y 12 años, en un claro mensaje: quienes siembren violencia cosecharán cárcel.