Denunciaron al asesor de la Policía, a un comisario y a un oficial de justicia por actuaciones durante desahucio

Las abogadas Alice Monges y Adela Acuña, presentaron una denuncia al Ministerio Público y al mismo tiempo una investigación contra el asesor jurídico de la Policía del Alto Paraná, abogado Juan Carlos Galeano, contra el Comisario Hugo Nelson García Martínez y también contra el oficial de justicia, Edgar Ismael Vázquez, por la presunta comisión de abuso de autoridad, privación ilegítima de libertad, coacción, violencia laboral e institucional, violencia de género, psicológica y otros.

La denuncia refiere que los mismos se extralimitaron en sus funciones durante un operativo de desahucio, ejecutado el pasado jueves 27 de febrero pasado, en el barrio Ciudad Nueva, en el cual, las citadas denunciantes fueron privadas de su libertad y demoradas en dependencias policiales.

Conforme con los datos, el expediente está caratulado Carlos Fredy Cuevas Martínez contra Gustavo Ariel López Leiva, y los incidentes ocurrieron en medio de un interdicto por recobrar la posesión, interpuesto por el abogado Víctor Enriquez Núñez.

El escrito de denuncia refiere que, el día 27 de febrero del 2025, las abogadas Alice Monges y Adela Acuña, recibieron una llamada de Gustavo Ariel López Leiva, quien indicó que un grupo de personas con policías ingresaron por la fuerza a su propiedad, del barrio Ciudad Nueva, de la Calle 2000.

“Que, inmediatamente nos constituimos en el lugar a fin de interiorizarnos de la situación, nos encontramos con el procedimiento de iterdicto a los efectos de la restitución inmediata del inmueble. En el momento del procedimiento, preguntamos al oficial de justicia porque tantas personas extrañas estaban adentro del inmueble, aclarando al mismo que nuestro cliente no se opondrá y ni se resistirá a la ejecución del mandato judicial; sin embargo, la persona a quien se atribuía la restitución conforme al mandamiento, Carlos Fredy Cuevas Martínez, no estaba en el lugar para tomar posesión del inmueble, pero si una turba de 20 personas aproximadamente, y su abogado Víctor Enriquez, con un poder general ineficiente para la naturaleza de ese acto de restitución”, reza la denuncia.

A pesar de ello, según el escrito, el oficial de justicia y el asesor jurídico de la Policía Nacional actuaron de manera arbitraria y abusiva, extralimitándose en el uso del mandato judicial. “Tanto el Asesor Jurídico como el Oficial de justicia nos manifestaron que no éramos nadie para cuestionar su actuar y nos profirieron palabras denigrantes (kuña rei, ytavya) con un evidente menosprecio en nuestra condición de mujer y nuestra labor como abogadas, y ante nuestra insistencia de que hagan bien su trabajo y actúen para que las personas extrañas que nada tienen que ver en el juicio salgan de la propiedad y se presente el titular del derecho o en su caso el abogado con poder especial, profesional del derecho que se encontraba ejerciendo su función de manera legítima”, indica la denuncia.

El documento presentado ante el Ministerio Público, también expresa que “Como abogadas, fuimos maltratadas en el ejercicio de nuestra labor, siendo víctimas de una conducta arbitraria e ilegítima por parte de estos funcionarios, quienes se tomaron atribuciones que no les correspondían, actuando como si fueran jueces y fiscales, hecho de debe investigar el Ministerio Publico”.

INVESTIGACIÓN E IMPUTACIÓN

Según las abogadas, abogadas Alice Monges y Adela Acuña, los hechos a ser tipificados son: abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, privación ilegítima de libertad y coacción.

En virtud a los hechos expuestos, las profesionales del derecho solicitaron: la apertura de una investigación penal contra Juan Carlos Galeano (Asesor Jurídico de la Policía Nacional), el Oficial de Justicia Edgar Ismael Vázquez y el Comisario de la Comisaría Segunda de Ciudad del Este Hugo Nelson García Martínez, por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegítima de libertad, coacción, violencia laboral e institucional, violencia de género, psicológica y otros. Como así también, la imputación y sanción penal de los denunciados conforme a la tipificación a ser realizada por el Ministerio Publico conforme al Código Penal Paraguayo.