Fiscal Giménez Zorrilla habría blanqueado una gigantesca criptominería ilegal en Minga Guazú
El fiscal de la Unidad Especializada en Hechos de Sustracción de Energía Eléctrica del Área X, Alcides Agustín Giménez Zorrilla, habría favorecido groseramente al dueño de una gigantesca criptominería ilegal ubicada en el distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná.
Pese a la insistencia de los funcionarios de la ANDE debido a la evidencias, el agente del Ministerio Público dilató excesivamente el procedimiento y se negó a incautar más de 300 máquinas procesadoras de criptomonedas que se encontraban operando en el lugar.
De acuerdo a los datos, ocurrió el 30 de enero de este año, en un establecimiento clandestino ubicado en un camino rural cerca del kilómetro 24, lado Monday, en la ciudad de Minga Guazú, del décimo departamento. Funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) efectuaron la intervención de un suministro con conexión directa en media tensión que alimentaba a más de 364 equipos procesadores de criptomonedas, que su vez generaba una pérdida mensual de G. 432.000.000 a la estatal.
La actuación del agente especializado de la Unidad Penal N° 9 fue muy cuestionada, ya que dilató en demasía el procedimiento, inclusive exigiendo a los funcionarios y técnicos de la ANDE un “poder especial”, pedido totalmente fuera de contexto, al tratarse de un caso de acción penal pública, según indicaron asesores jurídicos de la estatal. También se encontraron transformadores de gran potencia, instalados irregularmente para perpetrar el robo de energía.
Los asesores legales de la ANDE, al plantear la denuncia y solicitar el allanamiento, peticionaron expresamente al fiscal Giménez Zorrilla la incautación de todos los equipos. Sin embargo, éste no accedió. Cuando se le consultó por qué no ordenó el decomiso total de las máquinas procesadoras, señaló que los equipos “pertenecen al dueño y no hay motivos para decomisarlos todos”, ignorando así que precisamente esas máquinas fueron las utilizadas para el robo de energía y son elementos clave en la investigación.
Las negligentes actuaciones del mencionado fiscal incrementan las sospechas de la directa complicidad con los criptomineros que operan irregularmente en Alto Paraná. Las actuaciones notoriamente flojas del representante del Ministerio Público fortalecen la hipótesis de su activa colaboración con los dueños de estos establecimientos ilegales, quienes permanecen en el anonimato y no son imputados por sustracción de energía eléctrica, pese a que la nueva Ley Nº 7.300 eleva a 10 años la pena máxima por esta actividad ilícita.
El presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, habían firmado un convenio de cooperación interinstitucional, donde se estableció trabajar en forma coordinada y fortalecer los sistemas, en el marco de las investigaciones penales relacionadas a los actos ilícitos que generan un gran perjuicio a la estatal y a la ciudadanía. Sin embargo, hasta la fecha no se tuvieron mayores avances, y las conexiones clandestinas para las criptominerías van en aumento.