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Investigan presunta estafa mediante sistema informático por transferencia no autorizada de G. 350 millones

Investigan presunta estafa mediante sistema informático por transferencia no autorizada de G. 350 millones

La Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de Alto Paraná, a cargo del agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, investiga un presunto caso de estafa informática y acceso indebido a sistema informático que afectó al Sanatorio San José de Ciudad del Este, perteneciente a la firma SAMEDIC SA La denuncia fue presentada luego de detectarse movimientos irregulares por un total de G. 350.000.000 desde cuentas corporativas de la empresa. La intervención oportuna del Ministerio Público, juntamente con la Policía Nacional y la entidad bancaria, permitió recuperar la totalidad del dinero y evitar un perjuicio patrimonial definitivo.

De acuerdo con la denuncia, presentada el 31 de julio de 2026 por la dirección administrativa del sanatorio, una auditoría financiera interna permitió detectar dos transferencias no autorizadas efectuadas a las 09:16:52 desde las cuentas bancarias corporativas. Los montos ascendieron a G. 250.000.000 y G. 100.000.000, respectivamente, y fueron enviados a una cuenta perteneciente a una persona plenamente identificada.

La denunciante señaló que, conforme al protocolo de seguridad de la banca empresarial, únicamente ella y otro directivo están habilitados para autorizar operaciones mediante un token transaccional. Sin embargo, ambos manifestaron que no recibieron mensajes, códigos de verificación ni solicitudes de autorización relacionadas con las transferencias. Asimismo, indiquen que dos funcionarios solo cuentan con permisos para cargar al sistema, sin facultades para aprobarlos.

Las verificaciones internas revelaron además que la operación por G. 250.000.000 había sido cargada manualmente al sistema el 30 de julio de 2026, a las 14:54:08, utilizando las credenciales asignadas a una funcionaria de la empresa, quedando pendiente de la autorización correspondiente. No obstante, la denunciante afirmó que dicha aprobación nunca fue realizada por las personas habilitadas, por lo que presumen que terceros vulneraron los mecanismos de seguridad de la plataforma de banca empresarial corporativa para concretar las transferencias.