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El Intendente de las obras fantasmas y las deudas millonarias quiere seguir en el cargo

El Intendente de las obras fantasmas y las deudas millonarias quiere seguir en el cargo

Con una gestión hundida en denuncias de corrupción, una municipalidad en bancarrota técnica y un historial de saltos políticos que rozan el cinismo, Diego Ríos oficializó su intención de perpetuarse en la Intendencia de Minga Guazú. Lo hizo el fin de semana, refugiado bajo el ala de Hugo “Toro” Velázquez y el movimiento Fuerza Republicana, tras haber sido marginado por el cartismo debido a su galopante impopularidad y el fardo judicial que arrastra.

El acto, publicitado por su entorno como un «respaldo multitudinario», no es más que la última maniobra de un administrador que parece ver en el cargo no un servicio, sino un escudo. Ríos, quien llegó al poder en 2021 prometiendo ser la antítesis de la vieja política con el lema «ANR Nunca Más», hoy muerde la mano que lo alimentó y busca desesperadamente el cobijo de las mismas estructuras que juró combatir.

Una gestión bajo sospecha de saqueo

El balance de Diego Ríos al frente de la comuna minguera es desolador. No se trata solo de percepciones; son documentos y auditorías los que hablan de un presunto esquema de saqueo sistemático:

  • Empresas «amigas» y licitaciones a medida: Denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción señalan el direccionamiento de contratos por más de G. 2.200 millones a firmas como «Infominga», además de pagos por obras inexistentes en instituciones educativas como el Colegio Bernardino Caballero.
  • El municipio de los préstamos: Bajo su mando, la Municipalidad de Minga Guazú ha caído en una «bancarrota técnica». Con deudas bancarias que superan los G. 6.000 millones solo para cubrir gastos corrientes, Ríos ha hipotecado el futuro del distrito mientras exige «pleitesía» por cada empedrado mal terminado.
  • Opacidad total: La Contraloría Ciudadana ha tenido que recurrir a instancias nacionales ante la negativa de Ríos de transparentar el uso del dinero público, violando sistemáticamente la Ley de Acceso a la Información Pública.