Pereira Mujica fue cómplice del esquema fraudulento de Prieto
Daniel Pereira Mujica, ahora candidato a intendente de la Municipalidad del Este, es el mismo que estuvo involucrado activamente junto con el destituido Miguel Prieto en licitaciones, principalmente durante la pandemia como el caso Tía Chela que resultó una compra simulada de víveres con perjuicio cercano a los G. 1.800 millones, según el Ministerio Público.
Astuto, un verdadero fantasma en los papeles, Daniel Pereira Mujica busca ser intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este, pese a haber formado parte activa de la administración del destituido por corrupción Miguel Prieto.
Pereira Mujica, primero fue director de administración y finanzas de Prieto. Ambos firmaban cheques, órdenes de pago en sus funciones de ordenadores de gastos. Desde enero de 2020, el hoy candidato a intendencia se borró de los papeles, pero operaba activamente con Miguel Prieto en sus diferentes iniciativas. Es así que Pereira Mujica estuvo siempre presente, desde el vamos en todo lo que gestó el destituido intendente, principalmente en los tiempos de pandemia.
El hoy aspirante a intendente estaba en las reuniones en las que iban concibiendo, por ejemplo, la compra simulada de 25.000 kits de alimentos a la ya conocida despensita Tía Chela que generó un perjuicio que orilla los G. 1.800 millones para la comunidad esteña, según la acusación del Ministerio Público. Pereira Mujica estaba a la derecha de Prieto en una reunión del 25 de marzo de 2020 cuando este hizo el anuncio de la distribución prevista de 25.000 kits de víveres para gente en situación vulnerable, afectadas por la pandemia del covid-19. En un posteo de esa misma fecha, Pereira Mujica como Prieto ostentaban las bolsas de alimentos en el tinglado municipal, listas para ser entregadas.
El pequeño detalle es que para esa fecha en la que ambos hacían gala de sus buenos corazones, el contrato con las respectivas condiciones y obligaciones no estaba firmado. Sin embargo, ya habían realizado una feroz campaña con tomas fotográficas que, en realidad era una operación que ocultaba la entrega parcial de mercaderías por monto significativamente menor a lo establecido en el contrato de G. 2.949 millones, confirmado después por la Fiscalía.
Fuente: La Nación
