Fiscalía investiga esquema de ingreso irregular de mercaderías al país
En el corazón del sistema logístico del país, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi volvió a convertirse en escenario de una investigación que refleja una de las luchas más complejas del Estado paraguayo: la batalla contra el contrabando y la evasión de tributos aduaneros. Un entramado de resoluciones administrativas, recursos legales y actuaciones del Ministerio Público revela cómo distintas instituciones del sistema de control estatal intentan cerrar el paso a irregularidades que afectan directamente a la recaudación fiscal y al comercio formal.
Todo comenzó con una denuncia presentada ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en la que funcionarios aduaneros detectaron supuestas irregularidades en el sistema de transmisión electrónica de guías aéreas utilizadas por una empresa de remesas. Según los informes técnicos, varias de esas guías figuraban en el sistema sin el correspondiente cierre de ingreso a depósito aduanero, un procedimiento obligatorio que permite verificar que la mercancía ingresada al país sea sometida a los controles y tributos correspondientes. La sospecha técnica era clara: mercancías que habrían ingresado al territorio nacional sin completar el circuito aduanero formal.
A partir de estos indicios, el Administrador de la Aduana del Aeropuerto Silvio Pettirossi dictó la Resolución N.º 50 del 2 de noviembre de 2020, mediante la cual calificó el hecho denunciado como infracción aduanera de contrabando, atribuyendo responsabilidad a la firma Compañía Panamericana de Servicios S.A. La resolución se apoyó en informes técnicos y en el análisis de las transmisiones electrónicas del sistema aduanero, concluyendo que existían guías aéreas pendientes de cancelación y sin registro de ingreso a depósito, lo que configuraría una violación a las normas del Código Aduanero Paraguayo (Ley N.º 2422/04).
La empresa afectada recurrió la decisión administrativa. Su defensa planteó ante la Dirección Nacional de Aduanas que la resolución carecía de fundamentación suficiente, señalando que el acto administrativo no individualizaba correctamente las operaciones ni evaluaba adecuadamente los elementos técnicos vinculados al sistema de remesas expresas. El caso pasó entonces a la instancia de revisión administrativa superior.
