Gobierno cede ante presión sindical y derogará decretos que amenazaban con saquear la ANDE

El gobierno de Santiago Peña se vio obligado a retroceder de manera vergonzosa ante la presión del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), anunciando la derogación de los polémicos decretos 5306 y 5307. Esta capitulación, comunicada ayer en una reunión encabezada por el ministro Marcos Riquelme, confirma que la administración intentó imponer una medida lesiva para el patrimonio nacional y solo dio marcha atrás cuando la resistencia se volvió insostenible.

Los decretos, promulgados en enero bajo un manto de opacidad, establecían tarifas eléctricas preferenciales por 15 años para sectores «convergentes» y proyectos de hidrógeno y metanol. Según informes presentados ante la Contraloría General de la República, esta medida insensata hubiera significado una pérdida potencial de 80.000 millones de dólares para el país entre 2027 y 2041, un monto que equivale a una vez y media el Producto Interno Bruto actual. Peor aún, aceleraba el riesgo de un «apagón hidroeléctrico», forzando a Paraguay a importar energía a precios de mercado antes de 2030.