Directivos de Agrofértil y Tecnomyl suman nueva denuncia por coacción y amenaza

CON SU PODER ECÓNOMICO, LOS EMPRESARIOS MANEJAN LOS HILOS DE LA JUSTICIA CORROMPIDA

El grupo Sarabia, compuesto por José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia, principales directivos de Agrofértil y Tecnomyl, suma una nueva denuncia, esta vez por coacción y amenaza de muerte. La acción fue planteada ante el Ministerio Público de Santa Rita por el productor Vilmar Wilkon, excliente de la firma, con quien el grupo de empresarios enfrenta un proceso judicial desde hace años. Este mismo grupo de empresarios también está siendo investigado por la Fiscalía de Ciudad del Este por otros hechos graves. Según los datos, los acusados, con el poder económico que poseen, manejan los hilos del poder corrupto de la Justicia.

Wilkon refiere en su escrito de denuncia que recibió amenazas de muerte y presiones para resolver sus conflictos judiciales con las empresas en cuestión, a pesar de que dichas deudas no existen, según indicó. El denunciante, domiciliado en Santa Rita, afirmó que los directivos denunciados pretenden cobrar, a través de amenazas de muerte y coacción grave, supuestos créditos que en realidad no existen.

Explicó que el conflicto tuvo su origen cuando solicitó, años atrás, mercaderías agrícolas a las empresas Agrofértil y Tecnomyl, las cuales nunca le fueron entregadas ni a él ni a su antigua empresa. Asimismo, afirmó que los denunciados falsificaron facturas conformadas y, con ello, emprendieron acciones judiciales tendientes al cobro, sin que dichos documentos cuenten con su firma ni con la de otros representantes de la empresa con la que operaba antiguamente, la firma Agroindustrial Tres Fronteras S.A.

De acuerdo con la denuncia, los directivos utilizaron a una tercera persona en Brasil para amenazar con «extinguir» a su familia en caso de no ceder a las maniobras judiciales de Agrofértil y Tecnomyl. La denuncia es grave y merece una atenta investigación por parte de la Fiscalía, pues no es la primera vez que los directivos se hallan envueltos en denuncias por delitos graves, según los datos.
La investigación penal abierta está a cargo del fiscal José Silguero, quien recientemente archivó la causa al no poder precisarse los datos de la persona que había llamado y amenazado al denunciante. Según fuentes a las que accedió nuestro medio, las empresas Agrofértil y Tecnomyl tienen un fuerte manejo del sistema judicial en Alto Paraná, gracias a la afinidad que generan con jueces y fiscales a través de las pomposas y lujosas fiestas de fin de año que organizan en el lado brasileño. A estos eventos acuden autoridades judiciales de diversos niveles, quienes reciben bonos y premios costosos a través de sorteos realizados en dichas celebraciones.

OTRA GRAVE DENUNCIA EN CDE

El fiscal Luis Trinidad, de Ciudad del Este, también está investigando a los directivos de la misma empresa por los hechos de estafa, lesión de confianza y asociación ilícita para delinquir. La denuncia afecta al brasileño José Marcos Sarabia, CEO de la empresa; Arnaldo Campuzano, gerente de créditos; y André Anderson Consagni, gerente comercial.

Los denunciantes en este caso son los productores Evandro y Joana Borges, quienes aseguran haber sido despojados de sus tierras mediante un sofisticado esquema de fraude que afectaría a muchos más agricultores de la zona de Alto Paraná. La acción promovida por los Borges no sería solo un conflicto familiar, sino que revelaría un modus operandi que podría haber perjudicado a decenas de productores de la región y de otros puntos del país, según los datos.

Según los denunciantes, el esquema utilizado por los responsables de Tecnomyl-Agrofértil consiste en ganarse la confianza de los agricultores a través de financiamiento a largo plazo, utilizando sus tierras como garantía. No obstante, con el paso del tiempo, las condiciones del acuerdo se modificaban arbitrariamente: los plazos de pago se reducían y las deudas aumentaban, lo que obligaba a los productores a ceder sus valiosas tierras.
Evandro Borges relató que su deuda inicial de 850.000 dólares con la empresa Agrícola Colonial S.A.I.C. creció considerablemente a pesar de haber cumplido con los pagos, lo que le llevó a perder 150 hectáreas de tierra. Además, su madre fue víctima de la venta ilegal de 37 hectáreas de tierras situadas en el centro urbano de Santa Rita, con un valor cercano a los 3 millones de dólares, mucho más que la supuesta deuda.

OTRO CASO

Este no es el primer caso que involucra a los directivos de Tecnomyl-Agrofértil en presuntos fraudes. En 2016, la fiscal Liliana Denice Duarte investigó a Sarabia y Campuzano tras una denuncia presentada por Spartagus Wanderley Lordani, propietario de la empresa Buen Futuro S.A.

Lordani denunció que la empresa Tecnomyl S.A. recibió 29 inmuebles como pago por una deuda de 4 millones de dólares, pero los bienes entregados superaban por mucho el valor de la deuda, y la empresa nunca devolvió el excedente de 2,5 millones de dólares. Aunque el expediente fue cerrado, muchos sospechan que se llegó a un acuerdo monetario que permitió que los acusados eludieran la justicia.

Fuente: La Jornada